Ciencia

25 noviembre, 2019 en

Declaración Pública

En relación con el informe preliminar “Estudio de mercado sobre medicamentos (EM03-2018)” emitido por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), como cuerpo académico químico farmacéutico de la Universidad Austral de Chile valoramos la disposición de la FNE de abordar la revisión global del mercado de los medicamentos en Chile. Consideramos que esto es parte de una problemática mayor y más compleja, como es el acceso seguro a los medicamentos por parte de la población, siendo este un tema de relevancia social para nuestro país y que impacta en la salud de las personas. Reconocemos el esfuerzo para la redacción de este borrador, dada la complejidad de este tipo de análisis; sin embargo, existen algunos puntos que son para nosotros de especial preocupación desde la perspectiva sanitaria, entre ellos:

 

  • Invitamos a la FNE a incorporar profesionales sanitarios involucrados directamente en la cadena farmacoterapéutica a los análisis que han de converger en un documento definitivo. Estimamos que de este modo se lograrán mejores diagnósticos y, por ende, propuestas válidas sobre un paradigma más amplio con mayor pertinencia técnica y vinculados con la realidad sanitaria nacional.

  • La cadena de distribución de los medicamentos en Chile cuenta con más participantes que los considerados en este borrador (página 169), por lo que el análisis de integración vertical debiese ser más exhaustivo y evitando todos los sesgos de información que se tienden a generar en estos casos y que se observan en este informe preliminar.

  • Lamentamos la expresión “químicos de farmacia” que obra al principio del documento (página 22) y el supuesto impacto económico que el contar con dichos profesionales tendría sobre los costos de distribución. En el documento no hay justificación para tal afirmación ni se anexa el instrumento utilizado para recoger la opinión de los “consumidores”. Esta afirmación considera que el rol del químico farmacéutico sólo redunda en actividades de contacto directo con el paciente (“consumidor”) y no se hace cargo de las responsabilidades logísticas orientadas a asegurar la calidad del medicamento, tales como adquisición, recepción, almacenamiento en las condiciones requeridas, custodia, gestión de caducidad, entre otras. Todas estas actividades implican la presencia permanente de un profesional químico farmacéutico en la farmacia e impactan directamente en los resultados terapéuticos y la calidad de vida de las personas.

  • En concordancia con lo señalado en el punto anterior, comercializar medicamentos de venta directa en una farmacia asegura la calidad de estos y, por ende, disminuye los riesgos de un uso inadecuado. Al respecto existe abundante y categórica literatura que documenta los efectos dañinos sobre la salud de las personas de los medicamentos de venta directa (mal denominados de “venta libre” en el borrador, página 107). Por esta razón consideramos desde la perspectiva sanitaria, que la liberalización de la venta directa a través de establecimientos comerciales distintos de las farmacias pone en riesgo la salud de la población.

Desde nuestra perspectiva y en base a lo discutido, nos es imposible considerar que el aumento de la  competencia del mercado farmacéutico sea la alternativa que corresponde frente a un derecho social como es el acceso a la salud. Igualmente tenemos la certeza de que cualquier estrategia de aumento de la competencia no debe vulnerar la seguridad farmacoterapéutica.

Valdivia, 25 de noviembre de 2019